Si bien algunas empresas privadas se preocupan por contratar personal con algún tipo de discapacidad como la empresa de golosinas DIANA con presencia no sólo nacional sino en Centroamérica, la mayoría de las instituciones públicas no sólo no son obligadas por el CONAIPD (CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD) a cumplir el artículo 24 de la ley de equiparación donde se cita que por cada 25 empleados debe haber una persona con discapacidad de cualquier índole, ya sea física, visual, auditiva, sensorial psicosocial etc., al no haber multas o procesos legales por incumplir esta ley tanto instituciones públicas y privadas no sólo no se preocupan por contratar personal con discapacidad, sino que buscan la forma de no hacerlo o despedirlas como es en el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Derechos Humanos que en 2013 despidieron varias plazas ocupadas por personal con algún tipo de discapacidad. Faltando a la ley dos importantes instituciones que deberían velar por el bien y los derechos de personas con discapacidad, no sorprende que en nuestro país no sólo no existan plazas destinadas a esta población vulnerable sino que sea difícil para muchas personas con este problema conseguir un empleo digno y con buen trato, sin discriminación, les hago una atenta invitación a exigir a las instituciones públicas, a CONAIPD y sobre todo a nuestro gobierno actual a promover el trabajo para discapacitados y a velar porque cada institución cumpla con la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, siguiendo el principio de equidad que tanto profesa el gobierno actual que no es lo mismo que igualdad sino dar mayor oportunidad a quien más lo necesita. Que esta ley no se quede en papel únicamente.
Atentamente.
Una persona con discapacidad psicosocial.
Graciela García Ayala
Activista y Médico de año social.
www.gracielaayala.com
